¿Será posible que en un futuro la seguridad social en México pueda cumplir con el derecho a una pensión digna? Nuestro país, a través de sus instituciones de seguridad social, está por enfrentar uno de los compromisos de protección a los ciudadanos más significativos. ¿Será capaz uno de estos organismos de cumplir con el otorgamiento de una pensión digna a sus derechohabientes mayores de 60 años, como se asienta en la propia ley (LIMSS)?
Desde su creación, en 1942, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instauró proteger la seguridad social de los trabajadores del sector formal privado en todas sus áreas. Hablando de pensiones en México, el Instituto siempre se ha visto afectado por conflictos políticos, económicos y sociales. Debemos no sólo discutir, sino analizar soluciones para considerar si será posible cumplir en el futuro con este derecho. En sus inicios, el Sistema de Pensiones en México no consideró aspectos relevantes que influirían en este privilegio, fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123 (Trabajo y de la Previsión Social). El 80% de los adultos mayores carece de pensión, mientras que el 45% no tiene derecho a los servicios médicos de las instituciones de seguridad social. Verónica Montes de Oca Zavala, profesora e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que ante los graves problemas que enfrentan estos ciudadanos es necesario establecer un plan nacional. Además, es importante analizar el desbordante aumento de la población de edad avanzada en México. Según estimaciones recientes, habrá un periodo de envejecimiento; el número de adultos mayores pasará de 8 millones, en 2013, a 15 millones, en 2020, aproximadamente. Actualmente, este sector representa 7.5% del total de la nación. La esperanza de vida de los mexicanos de 60 años y más es de 21.8 años adicionales; siendo ésta la población más vulnerable con los insuficientes programas para garantizar la seguridad social. Entendemos como pensión el pago temporal o de por vida que recibe una persona, que ha laborado cubriendo sus cuotas obrero-patronales y que cumple con los requisitos de retiro establecidos por la legislación del país.
La ley de 1973, conocida también como de régimen de reparto o beneficio definido, es soportada por los impuestos generados por la gente joven que continúa activa en el sistema laboral, y que actualmente se otorga a todos aquellos trabajadores que cotizaron ante el IMSS previo al 1 de julio de 1997. Posteriormente, en México, la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del sector formal privado, otorgada por el IMSS, fue aprobada en diciembre de 1995 y entró en vigor el 1 de julio de 1997. Es importante recordar que en ese año el país enfrentaba una severa crisis económica y financiera. Fue necesario crear un programa sexenal con el objetivo de estimular el ahorro interno, y en particular el privado, como una fuente de financiamiento (estable y permanente) de la inversión. La reforma hecha al programa de Pensiones IMSS en México, hasta el momento, no ha alcanzado los resultados esperados, debido a que no se realizó un programa de evaluación continua y a largo plazo, que incluyera un proyecto de fondeo que pudiese soportar las fluctuaciones económicas de nuestro país (devaluación, inflación, desaceleración económica, etc.)
Valdría la pena realizar una estimación preparatoria que ayudara a sanear, en lo posible, este grave problema, a fin de tomar las decisiones idóneas en beneficio de todos los mexicanos. A menos de que se tomen medidas drásticas a nivel social, político y económico, la población en México no podrá determinar de manera consistente y planeada un futuro digno para su vejez. Ahora bien, analicemos el programa actual de pensiones, en el que existen, aproximadamente, 49.2 millones de cuentas administradas por las Afores, de las cuales 47.8 millones pertenecen a trabajadores afiliados al IMSS (97.3% del total). El 47.6% de dichas cuentas pertenece a trabajadores cuyo registro ante el IMSS se realizó antes del 1 de julio de 1997 (generación de transición).
Si cumplen con los requisitos legales establecidos, cuando sea momento de retirarse, podrán elegir entre pensionarse por el ré- gimen LSS 73 (beneficio definido), donde el Gobierno Federal se hace cargo del pago de la pensión, o por el sistema de cuentas individuales, vigente a partir de julio de 1997. Por otra parte, el 52.4% restantes corresponde a trabajadores que se registraron ante el IMSS desde 1997, los cuales se pensionarán bajo el sistema de cuentas individuales; financiados con los recursos acumulados en su Afore. En el Régimen LSS 97 (contribución definida) los trabajadores conocerán el ahorro que tendrán en su cuenta al momento de su retiro. Será de suma importancia la aportación, el rendimiento neto otorgado por la Afore que hayan elegido y las aportaciones de ahorro voluntarias que decidan hacer a lo largo de su vida laboral, con el objeto de mejorar el monto de su pensión. En las Afores, cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual, que es personal y única. En ella, a lo largo de la vida laboral de cada trabajador, se acumulan los recursos (cuotas y aportaciones) que realiza periódicamente el patrón, el gobierno y el propio trabajador; éstas se calculan con base en el salario base de cotización, hasta un tope máximo de 25 salarios mínimos. Sin embargo, aquí enfrentamos un problema más. Según un estudio reciente, presentado por la Cámara de Diputados, de las 49 millones de cuentas individuales de trabajadores que cotizan en el IMSS, 29.2 millones no alcanzarán las 1,250 s/c que se requieren para el Régimen 97, por las condiciones laborales y de desempleo que se viven actualmente en México.
Este sector crecerá aún más y los empleados quedarán desamparados debido a que sus cuentas serán congeladas por falta de aportaciones. Para colaborar con la población que dependerá de una pensión para coexistir con dignidad, convenimos solidarizarnos difundiendo programas de asesoría y transmisión de acciones, que participen en pro de los mexicanos, favoreciendo así con la frase que se dio en un inicio: “proteger es cumplir».
Graciela García Peralta es Asesora Especializada en Seguridad Social y Pensiones. Es Licenciada en Educación Especial y Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional.